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Em defensa de la ley

quarta-feira 23 de dezembro de 2015, por Tradución: Norma Fernandez ,

La Asamblea de la Coalición por una Comunicación Democrática acordó un plan de acción que incluye desde el acompañamiento a las convocatorias hasta la denuncia internacional

EN DEFENSA DE LA LEY

El decreto del presidente argentino Mauricio Macri, que pone bajo la órbita del flamante Ministerio de Comunicaciones a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), es una intolerable violación a la democracia. El artículo 10 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señala que la AFSCA es un "órgano autártico y descentralizado" del Poder Ejecutivo, por lo cual se está violando la ley que fue votada por amplias mayorías en el Congreso Nacional.
Por tal motivo se están desarrollando diversas convocatorias en su defensa, por parte de organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias, cooperativas, universitarias, de pequeñas y medianas empresas de arraigo local o institucional, que cobró especial magnitud el jueves 17 de diciembre con un acto multitudinario en torno al Congreso Nacional convocado por la AFSCA.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 fue reconocida por todas las relatorías competentes y la UNESCO como un aporte fundamental al derecho a la comunicación. Argentina fue felicitada en Informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto por el texto como por los mecanismos de participación para la toma de decisión del envío del proyecto, su propia discusión y el texto. Sin embargo, luego de su aprobación fue llevada a los tribunales con todas las excusas imaginables, y puesta bajo presión, crítica, impedimentos y obstáculos de todo orden la aplicación de una norma de derecho absolutamente constitucional y respetuosa de los principios de libertad de expresión de todos y cada uno de los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. En estos días el desafío es tanto reclamar por lo que falta como garantizar lo conquistado.

La Asamblea de la Coalición por una Comunicación Democrática, conformada por
representantes de instituciones de la educación, de la comunicación, de la producción de contenidos audiovisuales, de comunicadores populares, trabajadores técnicos, locutores, periodistas, operadores, administrativos, publicistas y productores independientes, acordó un plan de acción que incluye desde el acompañamiento a las convocatorias hasta la denuncia internacional de aquellas decisiones que adopte el gobierno de Mauricio Macri que lesionen el Derecho Humano a la Comunicación y que impliquen un avasallamiento a la legalidad vigente. Para tal fin, invita a acompañar estas iniciativas de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y con plena participación popular que posibilite un debate abierto, robusto y democrático de acuerdo a los siguientes ejes:

* El Estado tiene la obligación de promover la diversidad y el pluralismo informativo. La opinión pública no puede ni debe quedar librada a la voluntad del mercado.

* Los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia. La mera regulación de la defensa de la competencia es insuficiente particularmente en cuanto a la asignación de frecuencias radioeléctricas y en el manejo de otras facilidades esenciales como la fibra óptica y el papel.

* La implementación de la convergencia y la digitalización no es neutra. Las decisiones tecnológicas ofrecen un horizonte de mayor democracia en la comunicación o de una ampliación de la brecha entre quienes tienen posibilidades y quienes no acceden a ellas. La adopción de tecnologías convergentes y de nuevos soportes debe estar sujeta también a reglas de control de concentración.

* La sustentabilidad es condición de pluralismo e independencia. La asignación de fondos públicos debe plantear mecanismos que garanticen la libertad de expresión y se subsidie la producción y el pluralismo.

*Todo proceso de debate de reglas sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación debe reconocer el precedente de haber tenido para la LSCA más de treinta audiencias públicas para tratar el anteproyecto, más de mil aportes y audiencias públicas en Diputados y Senadores, así como un proceso de elaboración participada de normas para su decreto reglamentario. Toda decisión tomada sin estos estándares de participación sería un claro retroceso en la calidad de la democracia.

* Deben resguardarse y profundizarse las instancias de participación de los actores sociales en los órganos de aplicación de la ley. No deben hacerse modificaciones de facto que afecten la autarquía de esos órganos. Las leyes y el reconocimiento de los derechos están por sobre las decisiones individuales.

Norma Fernández – Ciranda – FMML- Argentina